La inauguración de la estatua del almirante Blas de Lezo, en Madrid, ha vuelto a evidenciar que la distancia que separa la capital de España, de Barcelona, no es geográfica. Es política. Mientras que en una, se enaltecía la figura del marino, en la otra, se denigraba y se pedía su retirada, porque capitaneó uno de los barcos, el Campanella, que participó en el sitio de Barcelona, en 1714.
La Historia es víctima de la manipulación. Se mira hacia atrás, se extraen los hechos que interesan y se sacan unas conclusiones válidas para el hoy. Más que historiar, lo que se hace es actualizar. La memoria es olvidadiza y maleable. Se recuerda sólo lo que se quiere recordar. Lo políticamente correcto. A nadie se le ha ocurrido pedir la retirada de El Segadors, el himno nacional de Cataluña, por su letra amenazante: “¡Buen golpe de hoz! Buen golpe de hoz, ¡defensores de la tierra! ¡Buen golpe de hoz! ¡afilemos bien las herramientas! Que tiemble el enemigo …” Basada en la denominada sublevación de los catalanes contra el Rey Felipe IV en el año 1640, en la que los segadores ajusticiaron al virrey, Dalmau de Queralt, conde de Santa Coloma.
Y podríamos seguir echándonos a la cara, unos y otros episodios, que han sido convertidos, en la re-escritura de la Historia, en peripecias de un permanente enfrentamiento, e, incluso, guerra, de España contra Cataluña. Todo vale. El objetivo está claro. Y el fin justifica los medios, todos los medios, incluso la manipulación.
Unos piden que se retire la estatua, mientras cantan “afilemos bien las herramientas para que tiemble el enemigo” … Y otros, que no se haga nada que les pueda molestar. Nada que engrose el morral infinito del victimismo de los que se sienten víctimas y han convencido a los demás que lo son. Son los que han conseguido establecer qué es lo correcto. Su fe, su determinación, su contumacia en el discurso, … su éxito se ha traducido en que aquéllos que no comparten sus ideas, ni sus principios, ni sus objetivos, se han entregado al duermevelas. Frente al “afilemos bien las herramientas”, una buena y plácida siesta. Dejémoslo estar.
Y aquí entra el Derecho. Frente al incumplimiento de la Constitución, las Leyes y las resoluciones del Tribunal Constitucional, se nos dice que lo mejor, lo oportuno, lo políticamente correcto, es mirar hacia otro lado. Como este mirar desviado tiene que articularse, al menos aparentemente, en argumentos, se repite hasta la saciedad que los problemas políticos sólo tienen soluciones políticas y no jurídicas. Y a esta afirmación se le asocia otra: la equivocación de la judicialización de la política y la politización de la justicia, cuando a los Tribunales se les carga con la tarea de dar solución a algo que sólo tiene una solución política. Unas ideas adornadas con otras consideraciones sobre el papel de la Ley, los Tribunales, la democracia, el imperio de la Ley, los juristas, etc.
Los portavoces de lo políticamente correcto convierten un hecho que, además, nadie, ni los nacionalistas, pone en cuestión (el incumplimiento de la Ley), en un escenario para el debate de y sobre categorías. Se discute si los problemas políticos se solucionan con el Derecho, si la democracia existe o no al margen de la Ley, si es democrática la opinión del pueblo manifestada mediante procedimientos ilegales, … Se puede debatir, en este plano, lo que se quiera y sostener lo que se considere oportuno. Pero, y éste es un pero muy importante, ¿qué hacemos con la ilegalidad producida?
No hay ninguna duda de que se incumplieron las dos providencias del Tribunal Constitucional que ordenaron la suspensión de las consultas y todos los demás actos asociados a las mismas. Es un hecho incuestionable. ¿Qué hacemos? No hay respuesta. En el terreno dogmático la discusión es placentera, agradable. Si durante siglos se estuvo discutiendo sobre el sexo de los ángeles, sin que el asedio a Constantinopla por las tropas del Imperio Otomano en el año 1453 le pusiera fin, ¿por qué no se van a dedicar unos días, semanas, meses y años a debatir si la democracia está por encima, por debajo o al lado de la Ley? Discutamos. Discutamos, incluso, hasta el fin de los tiempos. ¿Qué más da? Si la Iglesia pudo dedicarle tanto tiempo, nosotros, aún con mayores razones, podemos dedicarle unos minutos de la Historia.
Repito ¿qué hacemos con la ilegalidad producida? Los de “afilemos bien las herramientas” y los “políticamente correctos”, quieren que se mire hacia otro lado. No ha pasado nada. Nada. Que el incumplimiento del Derecho no tenga ninguna consecuencia. Ninguna. Y, aún menos, presentar querellas. Una nueva victoria para los nacionalistas. Y que se reduplicará cuando fracase. Alimentan su victimismo de morral infinito. Es un chantaje perverso. Ganan por la ilegalidad, por la falta de persecución de la ilegalidad, por su persecución e, incluso, por su eventual fracaso. Siempre ganan. Hagan lo que hagan, siempre ganan. Qué juego más tramposo en el que siempre sólo unos ganan.
Ya me he pronunciado sobre los riesgos de la reacción penal. Unos riesgos que veo confirmados con la lectura de la querella presentada por la Fiscalía. Mucho hecho ilegal e, incluso, delictivo, pero, ¿y los responsables? Establecer la conexión entre el hecho del tipo y el responsable del mismo va a tener que superar muchos obstáculos. E, incluso, sabemos cuál va a ser una de las vías por las que van a intentar escapar. La consideración de todo lo sucedido como un acto político. Un argumento que podría valer en relación con un delito, el de prevaricación, pero que es dudoso cuando se trata del otro que es aún más central: el de la desobediencia a cumplir las dos resoluciones del Tribunal Constitucional. Aquí se plantean otros problemas que la querella intenta solventar con su argumentación. Pero los obstáculos existen y podrían conducir a que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña no la admita o, caso de admitirla, no aprecie delito alguno. Es un riesgo considerable.
Se podrá discutir, como digo, en el plano dogmático, la relación entre Ley y Democracia. En el plano de los hechos, y de los hechos políticos, el Estado democrático de Derecho no puede cerrar los ojos frente a la ilegalidad más grave sucedida en nuestra Historia. No puede. No sólo desmonta el imperio de la Ley sino que compromete la legitimidad del Estado. Ésta es como un halo que envuelve al poder y que suscita observancia. Es la combinación de reconocimiento, aceptación y obediencia por parte de los ciudadanos. Y no podrá haberla, si los ciudadanos aprecian cómo se incumple con descaro y arrogancia la Ley. Se debió haber actuado de otra manera, para evitar que la reacción penal fuese la primera. Pero es la que se ha elegido. Y se debe seguir con ella. La alternativa de la pasividad o el sesteo es aún peor. El resultado podría ser desastroso en el terreno político, para los constitucionalistas, si los Tribunales no aprecian los delitos. Sin embargo, esta derrota, sería una victoria para nuestra democracia. No me gustará, pero lo celebraré como lo que es: una muestra de una democracia viva que funciona protegiendo los derechos de unos y de otros, incluso, los de aquéllos que quieren cargársela.
La Historia es víctima de la manipulación. Se mira hacia atrás, se extraen los hechos que interesan y se sacan unas conclusiones válidas para el hoy. Más que historiar, lo que se hace es actualizar. La memoria es olvidadiza y maleable. Se recuerda sólo lo que se quiere recordar. Lo políticamente correcto. A nadie se le ha ocurrido pedir la retirada de El Segadors, el himno nacional de Cataluña, por su letra amenazante: “¡Buen golpe de hoz! Buen golpe de hoz, ¡defensores de la tierra! ¡Buen golpe de hoz! ¡afilemos bien las herramientas! Que tiemble el enemigo …” Basada en la denominada sublevación de los catalanes contra el Rey Felipe IV en el año 1640, en la que los segadores ajusticiaron al virrey, Dalmau de Queralt, conde de Santa Coloma.
Y podríamos seguir echándonos a la cara, unos y otros episodios, que han sido convertidos, en la re-escritura de la Historia, en peripecias de un permanente enfrentamiento, e, incluso, guerra, de España contra Cataluña. Todo vale. El objetivo está claro. Y el fin justifica los medios, todos los medios, incluso la manipulación.
Unos piden que se retire la estatua, mientras cantan “afilemos bien las herramientas para que tiemble el enemigo” … Y otros, que no se haga nada que les pueda molestar. Nada que engrose el morral infinito del victimismo de los que se sienten víctimas y han convencido a los demás que lo son. Son los que han conseguido establecer qué es lo correcto. Su fe, su determinación, su contumacia en el discurso, … su éxito se ha traducido en que aquéllos que no comparten sus ideas, ni sus principios, ni sus objetivos, se han entregado al duermevelas. Frente al “afilemos bien las herramientas”, una buena y plácida siesta. Dejémoslo estar.
Y aquí entra el Derecho. Frente al incumplimiento de la Constitución, las Leyes y las resoluciones del Tribunal Constitucional, se nos dice que lo mejor, lo oportuno, lo políticamente correcto, es mirar hacia otro lado. Como este mirar desviado tiene que articularse, al menos aparentemente, en argumentos, se repite hasta la saciedad que los problemas políticos sólo tienen soluciones políticas y no jurídicas. Y a esta afirmación se le asocia otra: la equivocación de la judicialización de la política y la politización de la justicia, cuando a los Tribunales se les carga con la tarea de dar solución a algo que sólo tiene una solución política. Unas ideas adornadas con otras consideraciones sobre el papel de la Ley, los Tribunales, la democracia, el imperio de la Ley, los juristas, etc.
Los portavoces de lo políticamente correcto convierten un hecho que, además, nadie, ni los nacionalistas, pone en cuestión (el incumplimiento de la Ley), en un escenario para el debate de y sobre categorías. Se discute si los problemas políticos se solucionan con el Derecho, si la democracia existe o no al margen de la Ley, si es democrática la opinión del pueblo manifestada mediante procedimientos ilegales, … Se puede debatir, en este plano, lo que se quiera y sostener lo que se considere oportuno. Pero, y éste es un pero muy importante, ¿qué hacemos con la ilegalidad producida?
No hay ninguna duda de que se incumplieron las dos providencias del Tribunal Constitucional que ordenaron la suspensión de las consultas y todos los demás actos asociados a las mismas. Es un hecho incuestionable. ¿Qué hacemos? No hay respuesta. En el terreno dogmático la discusión es placentera, agradable. Si durante siglos se estuvo discutiendo sobre el sexo de los ángeles, sin que el asedio a Constantinopla por las tropas del Imperio Otomano en el año 1453 le pusiera fin, ¿por qué no se van a dedicar unos días, semanas, meses y años a debatir si la democracia está por encima, por debajo o al lado de la Ley? Discutamos. Discutamos, incluso, hasta el fin de los tiempos. ¿Qué más da? Si la Iglesia pudo dedicarle tanto tiempo, nosotros, aún con mayores razones, podemos dedicarle unos minutos de la Historia.
Repito ¿qué hacemos con la ilegalidad producida? Los de “afilemos bien las herramientas” y los “políticamente correctos”, quieren que se mire hacia otro lado. No ha pasado nada. Nada. Que el incumplimiento del Derecho no tenga ninguna consecuencia. Ninguna. Y, aún menos, presentar querellas. Una nueva victoria para los nacionalistas. Y que se reduplicará cuando fracase. Alimentan su victimismo de morral infinito. Es un chantaje perverso. Ganan por la ilegalidad, por la falta de persecución de la ilegalidad, por su persecución e, incluso, por su eventual fracaso. Siempre ganan. Hagan lo que hagan, siempre ganan. Qué juego más tramposo en el que siempre sólo unos ganan.
Ya me he pronunciado sobre los riesgos de la reacción penal. Unos riesgos que veo confirmados con la lectura de la querella presentada por la Fiscalía. Mucho hecho ilegal e, incluso, delictivo, pero, ¿y los responsables? Establecer la conexión entre el hecho del tipo y el responsable del mismo va a tener que superar muchos obstáculos. E, incluso, sabemos cuál va a ser una de las vías por las que van a intentar escapar. La consideración de todo lo sucedido como un acto político. Un argumento que podría valer en relación con un delito, el de prevaricación, pero que es dudoso cuando se trata del otro que es aún más central: el de la desobediencia a cumplir las dos resoluciones del Tribunal Constitucional. Aquí se plantean otros problemas que la querella intenta solventar con su argumentación. Pero los obstáculos existen y podrían conducir a que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña no la admita o, caso de admitirla, no aprecie delito alguno. Es un riesgo considerable.
Se podrá discutir, como digo, en el plano dogmático, la relación entre Ley y Democracia. En el plano de los hechos, y de los hechos políticos, el Estado democrático de Derecho no puede cerrar los ojos frente a la ilegalidad más grave sucedida en nuestra Historia. No puede. No sólo desmonta el imperio de la Ley sino que compromete la legitimidad del Estado. Ésta es como un halo que envuelve al poder y que suscita observancia. Es la combinación de reconocimiento, aceptación y obediencia por parte de los ciudadanos. Y no podrá haberla, si los ciudadanos aprecian cómo se incumple con descaro y arrogancia la Ley. Se debió haber actuado de otra manera, para evitar que la reacción penal fuese la primera. Pero es la que se ha elegido. Y se debe seguir con ella. La alternativa de la pasividad o el sesteo es aún peor. El resultado podría ser desastroso en el terreno político, para los constitucionalistas, si los Tribunales no aprecian los delitos. Sin embargo, esta derrota, sería una victoria para nuestra democracia. No me gustará, pero lo celebraré como lo que es: una muestra de una democracia viva que funciona protegiendo los derechos de unos y de otros, incluso, los de aquéllos que quieren cargársela.
(Expansión, 25/11/2014)
Comentarios
Publicar un comentario