Nuestra vida política es muy aristotélica: las palabras. La fuerza de las palabras. Como si la palabra fuese la “cosa”. Una realidad ontológica. Si a esto se le suma la mentalidad de profesor de Derecho tan propia de nuestros políticos, el resultado es explosivo. La explosividad que combina la fuerza de la representación con la simplicidad de la inutilidad. Ni las palabras hacen cosas, ni la incorporación de las mismas a las Leyes hacen que una nueva realidad aflore solucionando todos nuestros males. Ojalá los políticos-juristas fuesen ingenieros sociales que a golpe de leyes se pudiese cambiar la realidad. Falso de toda falsedad. Maquina infernal de frustraciones.
La combinación de aristotelismo y mentalidad de profesor de Derecho hace engordar las leyes. Como son la solución, la única solución para todo, se produce el fenómeno de la inflación normativa. Más y más leyes. La cantidad. El número. Que nada escape. Frente a la lógica del "más", se ha de imponer la lógica del "mejor". No sólo las leyes debe ser “buenas”, sino que deben ser las mínimas imprescindibles, las necesarias, las proporcionadas al problema que se pretende afrontar y, sobre todo, las cumplibles, las ejecutables, …
Hay un aspecto que me parece esencial no suficientemente destacado. A veces me pregunto por qué razón los españoles hemos pasado en muy poco tiempo, en meses, incluso, de ser los que más accidentes de automóviles sufríamos, más se fumaba, incluso en los establecimientos públicos, o menos donábamos órganos, a, todo lo contrario. Incluso, en relación con espinoso asunto como es el de la violencia de género. En muy poco tiempo se ha pasado de un extremo a otro. Y hoy somos ejemplo en el mundo en relación con las cuatro cuestiones que señalaba. ¿Por qué?
Es un ejemplo quintaesencial de la denominada PQR, Política de Calidad de la Regulación. En relación a uno de sus parámetros esenciales. No me refiero a la razonabilidad de las medidas. Sino a que los ciudadanos entendemos que las medidas adoptadas son justas. Si. Justas. Es un término, otro más, que tanta confusión y polémica, incluso, histórica, ha causado.
Todos comprendemos que es justo. Que hay una suerte de obligación moral que se superpone con el deber legal. No voy a entrar en el clásico debate sobre la naturaleza de los deberes jurídicos. Ni la de su relación con los morales. Incluso, tampoco voy a entretenerme sobre qué son estos. Sean lo que sean estos, no me cabe ninguna duda que la obligación jurídica de hacer o no hacer amparado o protegida por la sanción o el castigo jurídico será más fácilmente cumplida si el ciudadano la interioriza no tanto como una obligación jurídica sino como expresión de racionalidad o, incluso, del denominado sentido común. Cuando se produce esa conexión, la obligación jurídica queda reforzada tanto que la amenaza de la sanción, con ser importante, ocupa un lugar secundario. Lo más importante es que es razonable, justa, … de sentido común.
Hay un aspecto que me parece esencial no suficientemente destacado. A veces me pregunto por qué razón los españoles hemos pasado en muy poco tiempo, en meses, incluso, de ser los que más accidentes de automóviles sufríamos, más se fumaba, incluso en los establecimientos públicos, o menos donábamos órganos, a, todo lo contrario. Incluso, en relación con espinoso asunto como es el de la violencia de género. En muy poco tiempo se ha pasado de un extremo a otro. Y hoy somos ejemplo en el mundo en relación con las cuatro cuestiones que señalaba. ¿Por qué?
Es un ejemplo quintaesencial de la denominada PQR, Política de Calidad de la Regulación. En relación a uno de sus parámetros esenciales. No me refiero a la razonabilidad de las medidas. Sino a que los ciudadanos entendemos que las medidas adoptadas son justas. Si. Justas. Es un término, otro más, que tanta confusión y polémica, incluso, histórica, ha causado.
Todos comprendemos que es justo. Que hay una suerte de obligación moral que se superpone con el deber legal. No voy a entrar en el clásico debate sobre la naturaleza de los deberes jurídicos. Ni la de su relación con los morales. Incluso, tampoco voy a entretenerme sobre qué son estos. Sean lo que sean estos, no me cabe ninguna duda que la obligación jurídica de hacer o no hacer amparado o protegida por la sanción o el castigo jurídico será más fácilmente cumplida si el ciudadano la interioriza no tanto como una obligación jurídica sino como expresión de racionalidad o, incluso, del denominado sentido común. Cuando se produce esa conexión, la obligación jurídica queda reforzada tanto que la amenaza de la sanción, con ser importante, ocupa un lugar secundario. Lo más importante es que es razonable, justa, … de sentido común.
En definitiva, mejores leyes, mejores normas. La PQR prescribe no sólo las mínimas imprescindibles sino también las razonables. Un indicio fuerte de esta razonabilidad es la conexión con la razonabilidad del ciudadano medio. Si este comprende que la nueva regulación es razonable, la adornará de legitimidad, o sea, de reconocimiento, aceptación y obediencia, sin necesidad de la amenaza de la sanción.
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