El debate mostró, una vez más, que la política y, en particular, la parlamentaria, se ha convertido en un gran teatro en el que el engaño es su principal característica. Engañar no al otro, que también se escenifica, sino a los ciudadanos. Todos se presentan como los adalides de la corrupción, para lo que se silencia cualquier asunto que pueda mancillar la impoluta imagen del acusador. Se llega hasta el descaro de enumerar las Comunidades Autónomas afectadas por casos de corrupción, y omitir la gobernada por el partido del acusador, en el que se investiga una trama que alcanza la suma de más de 1.000 millones de euros defraudados. ¡Qué desfachatez!
No entiendo por qué los políticos no se enteran de que los ciudadanos estamos hartos. La indignación es una cualidad de la ciudadanía actual. No se asume que la corrupción no debe ser un arma para desgastar al enemigo político. Es un asunto que debilita a la democracia. Hacer electoralismo de este asunto es hacerlo de la destrucción del sistema que hace posible que haya elecciones. Es absurdo.
Como se trata de engañar, el debate se ha trasladado, de las medidas, a la credibilidad del que propone las medidas. En este terreno, pierden todos. Y también el Estado democrático. La acusación de la falta de legitimidad, por parte de aquél que sufre la misma tacha, proyecta la sombra de ilegitimidad sobre el conjunto del sistema. Todos mienten, y como todos lo hacen, es al final el sistema democrático el que engaña.
Todos hablan de leyes y más leyes. ¿Realmente alguien cree que la corrupción se combate sólo con más leyes? ¿Alguien puede creer que la corrupción no está penada e, incluso, suficientemente penada? ¿Alguien puede afirmar que España es el reino de la impunidad por la falta de leyes? ¿Se puede dudar de que con las leyes que tenemos no se puede perseguir la corrupción? Hay una contradicción entre el hecho de que hoy, la policía, los fiscales y los jueces investigan y castigan a los corruptos, y la propuesta de nuevas normas, como si fuesen imprescindibles para llenar un agujero del sistema por el que se cuela la impunidad. Y es aún mayor la contradicción, cuando se afirma que la corrupción es una excepción a la regla de la honradez de los políticos. En definitiva, las propuestas se dirigen más a tranquilizar a la población que a afrontar un problema real.
A mi juicio, este problema, sí es real y, precisamente porque lo es, no precisa de más leyes. No pongo en duda que se puedan mejorar éstas o aquéllas. Que se pueda incrementar el castigo, imponer más y mejores obligaciones, prohibir esta y otra actividad. Se pueden introducir muchos cambios en nuestro ordenamiento jurídico, considerados necesarios y que redundarán positivamente en el combate contra la corrupción. Sin embargo, lo que se necesita hoy, no son más medidas, sino más medios.
El auto del Magistrado P. Ruz de 26 de noviembre en relación con la trama Gürtel nos ofrece un buen ejemplo. Las diligencias, denominadas previas, se iniciaron por virtud de Auto de agosto del año 2008. Y, seis años después, se cierra esta fase de la instrucción. Es increíble y más increíble en tanto en cuanto no se ha llegado ni a dictar en primera instancia la sentencia de condena a los responsables. Esta situación no es, o no es sólo un problema de leyes. Es un problema de medios. Hace algunas fechas, el periódico ABC, hacía un inventario de los medios personales con los que cuenta el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, a cuyo frente está el Magistrado Ruz. Según el cálculo del periódico, el Juzgado cuenta con 28 personas. Un número insuficiente, dada la importancia y la cantidad de asuntos que instruye. Cómo no va a tardar seis años en tramitar uno de los muchos asuntos complejos que debe instruir.
La política de lucha contra la corrupción debe pasar a hablar de medios; de los necesarios para reforzar los mecanismos del Estado de persecución de los delitos. La pregunta clave debería ser: ¿cuentan la Policía, la Guardia civil, la Intervención General del Estado, el Tribunal de Cuentas, la Fiscalía, la Audiencia Nacional y demás Tribunales, con todos los medios personales y materiales adecuados y suficientes para investigar, instruir y castigar con rapidez los casos de corrupción? Si la respuesta es negativa, como es evidente, se necesita un Plan Marshall contra la corrupción.
Los políticos prefieren hablar, en cambio, de medidas. Es más fácil, más barato y, sobre todo, más inofensivo para con sus propias responsabilidades. Transmiten que están haciendo “cosas", que "actúan". Producen la ensoñación del cambio; del nuevo mundo libre de todos los pecados. Que no se ha podido alcanzar por la culpa del enemigo político que no adoptó en su momento las medidas adecuadas. Hablar de medios tiene, por contra, dos riesgos. El primero, que si las instituciones no cuentan con ellos, no se puede trasladar a otros la culpa; y, el segundo, que con los medios suficientes se puede ejecutar una guerra real contra la corrupción con independencia de la filiación política de los responsables. Las medidas sin medios son música celestial. Y los políticos prefieren tocar la flauta dulce, como los angelitos.
(Expansión, 28/11/2014)
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