El 9N sigue coleando. Y seguirá por mucho tiempo. Dos lecciones hemos extraído. Primera, que el independentismo ya ha fijado su límite: 1,9 millones de catalanes. Según los cálculos de los organizadores. Que no son de fiar. Reconociendo esa cifra, con la salvedad indicada, estamos hablando de poco más del 29 por 100 de todos los que podían participar. Una cifra que se ajusta a lo conocido e, incluso, esperado. Si, después de una campaña organizada durante años, en la que se han movilizado tantos medios y un gasto casi infinito, los nacionalistas “sólo” han conseguido movilizar a esa cifra, creo que tenemos motivos para la reflexión. Por un lado, la sociedad catalana, por increíble que parezca, hay que repetirlo para que fuera de Cataluña quede claro, es más plural, muchísimo más plural de lo que los nacionalistas transmiten y los demás han asumido. Aquí está la fuente principal de su derrota. Sólo una parte está movilizada, tiene un objetivo claro y controla el aparato de poder, con la consiguiente capacidad para repetir su verdad, que es la de la gran mentira.
Y, por otro, que no creo que ese porcentaje de la población pueda crecer mucho más. Si después de todo lo que han dicho y hecho, hasta la extenuación, incluso el acoso y el chantaje, sólo han llegado a la cifra indicada, no conjeturo que pueda subir mucho más. Están todavía muy lejos de las cifras que, según los cánones comúnmente admitidos, legitiman un proceso de secesión en un referéndum conforme a Derecho. A mi juicio, el nacionalismo ha mostrado sus vergüenzas. Sus límites. El rey, realmente, está desnudo.
La segunda lección es la relativa a la gestión de la ilegalidad masiva, cometida el pasado día 9. No hay duda de que hubo ilegalidad. Ni los convocantes lo ponen en duda. Los juristas sabemos que el Derecho es una técnica social específica basada en la amenaza de la sanción, como la definiera H. Kelsen. Si la amenaza no funciona, el Derecho administra las sanciones por los incumplimientos. Su efectiva imposición actuará como la amenaza futura. En el caso del 9N, la amenaza no funcionó. Las ilegalidades se cometieron. Hay una, evidente: se incumplieron las dos providencias del Tribunal Constitucional que ordenaron la suspensión de todas las actividades relacionadas con las consultas organizadas por la Generalitat. ¿Y el castigo? ¿Y la reacción del Estado de Derecho frente a las ilegalidades?
Según algunos, el Estado sólo podía reaccionar, una vez se hubiesen consumado los delitos. Se refieren, en particular, al de desobediencia a las resoluciones judiciales (artículo 410 Código penal). Según esta opinión, habría que esperar a que, como exige dicho tipo penal, la autoridad o funcionario “se negare abiertamente a dar el debido cumplimiento a [las] resoluciones judiciales”. Todo queda en manos, por lo tanto, de la reacción penal.
La lógica más elemental nos dice que el castigo penal es la ultima ratio, el último instrumento en poder del Estado. Si para que éste pueda reaccionar, hubiese que esperar a la consumación de los delitos, ya nos podemos imaginar qué es lo que sucedería. Por de pronto, no sería necesaria la prevención, ni la policial, ni la administrativa. El papel del Derecho y del Estado quedaría reducido a la espera de la consumación de los delitos y, una vez producidos, a la búsqueda de los responsables y su eventual castigo. El sentido común rechaza esta interpretación. Claro que hay medios dirigidos a prevenir que las ilegalidades se puedan producir. El Derecho modula su respuesta y la reacción penal es el último mecanismo para que la amenaza funcione. Es el último. No el primero.
Una de las cuestiones que más sorprende a los juristas, al menos con los que he podido hablar, es por qué el Gobierno se ha entregado a la vía penal. ¿Por qué ha renunciado a otras medidas? ¿por qué se ha desarmado frente al desafío secesionista? Por un lado, confiarlo todo a la vía penal es una opción de un riesgo extraordinario. El garantismo, lógico, de esta vía, hace que o la acusación está bien montada y las pruebas son abrumadoras, o se corre el riesgo de que el delito o delitos no sean apreciados por el Tribunal competente. En tal caso, ¿qué sucederá? ¿Otra victoria más para la superior inteligencia y la arrogancia infinita de los nacionalistas? Seguro. Otra victoria más. El que se le dé una nueva arma en su arsenal victimista es secundario. No van a ganar mucho más. Creo que la vaca secesionista ya se ha ordeñado lo suficiente. No me imagino qué más pueden decir que ya no lo hayan hecho. Que España es fascista, antidemocrática, … que su imagen internacional es dramática, … ¿Cuántas veces lo hemos oído? Sr. President … ¡ya aburre! Cambie de registro y de argumentos, … si puede. Ya los ha utilizado todos. España les roba la cartera, la libertad, la lengua, la cultura, la dignidad, la vida, el amor, la alegría, la paz, … España es una unidad de latrocinio en lo Universal. En el ámbito internacional, ¿qué van a decir? Algunos están empeñados en que nos debemos seguir quitando el polvo del franquismo. ¡Qué aburrimiento! ¿Todavía tenemos que demostrar que España es un Estado democrático? Si no se ha conseguido en 30 años, creo que el problema no lo tiene España, sino los ciegos sectarios que no lo han visto, ni podrán verlo jamás.
Y, por otro, no tiene sentido, a mi juicio, la renuncia que se ha hecho a instar la ejecución de las dos providencias del Tribunal Constitucional. Haber promovido ante el propio Tribunal el incidente de ejecución. Éste, conforme a su Ley Orgánica (artículos 87 y 92), podrá recabar el auxilio de Juzgados y Tribunales para dar cumplimiento a sus resoluciones y resolver cualquier incidencia que se suscite con ocasión de la ejecución. El poder de ejecución es amplio: el imprescindible para hacer realidad el contenido de sus decisiones. Antes de la jornada podría, por ejemplo, haber ordenado la interrupción del sistema informático, la retirada de urnas, la comunicación a las autoridades, incluidos los directores de los colegios públicos, de que incurrirían en un delito si prestaban medios públicos para su ejecución, o si no actuaban, como hizo la policía catalana, ante la comisión de los delitos. Esta reacción no tenía que esperar a la consumación de delito alguno. Al contrario, una resolución judicial, la que sea, debe ser cumplida, y el Derecho tiene los medios adecuados y suficientes para hacerla cumplir.
¿Por qué se renunció? No hay ninguna razón jurídica o técnica, sólo la política. Max Estrella le decía a Don Latino de Hispalis en la escena duodécima de Luces de Bohemia, que “los héroes clásicos reflejados en los espejos cóncavos dan el esperpento”. El 9N fue ese espejo cóncavo. La España del Estado democrático de Derecho reflejada no puede ser la del esperpento. El desarme del Estado ha dado al nacionalismo la oportunidad táctica de abocarlo a la vía penal, lo que le obliga a asumir los riesgos de que fracase. En esta encrucijada, el nacionalismo gana. El momento histórico en el que muestra sus vergüenzas, una vez más, las exhibe como una gran victoria. Los profesionales del engaño vuelven a derrotar al amateur bienintencionado. Y perdemos los ciudadanos y nuestras libertades.
(Expansión, 19/11/2014)
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