Libertad de establecimiento

Por fin el Tribunal de Justicia de la Unión ha publicado la Sentencia que declara, como era ampliamente conocido, la ilegalidad de la legislación catalana en materia de establecimientos comerciales. La Sentencia de 24 de marzo (asunto Comisión v. España, C-400/08) contiene un fallo contundente:

"El Reino de España ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 43 CE al adoptar o mantener en vigor las siguientes disposiciones: 

– el artículo 4, apartado 1, de la Ley 18/2005, de 27 de diciembre, de equipamientos comerciales, por cuanto prohíbe la implantación de grandes establecimientos comerciales fuera de la trama urbana consolidada de un número limitado de municipios; 

– los artículos 7 y 10, apartado 2, del anexo del Decreto 379/2006, de 10 de octubre, por el que se aprueba el Plan territorial sectorial de equipamientos comerciales, así como el anexo 1 de éste, por cuanto dichas disposiciones limitan la implantación de nuevos hipermercados a un reducido número de comarcas y exigen que esos nuevos hipermercados no absorban más del 9 % del consumo de productos de uso cotidiano o del 7 % del consumo de productos de uso no cotidiano; 

– el artículo 6, apartado 2, párrafo primero, de la Ley 7/1996, de 15 de enero, de ordenación del comercio minorista, el artículo 8 de la Ley 18/2005, de 27 de diciembre, de equipamientos comerciales, y los artículos 31, apartado 4, y 33, apartado 2, del Decreto 378/2006, de 10 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 18/2005, por exigir estas disposiciones la aplicación de límites en cuanto al grado de implantación y a la repercusión sobre el comercio minorista existente, más allá de los cuales no se pueden abrir nuevos establecimientos comerciales grandes ni medianos, y 

– el artículo 26 del Decreto 378/2006, de 10 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 18/2005, por cuanto regula la composición de la Comisión de Equipamientos Comerciales garantizando la representación de los intereses del comercio minorista ya existente y no contemplando la representación de las asociaciones activas en el ámbito de la protección del medio ambiente ni de las agrupaciones de interés que velan por la protección de los consumidores."

Esta legislación ha sido modificada para supuestamente adecuarla a la Directiva de Servicios. Sin embargo, las restricciones, estas o similares a las declaradas ilegales, subsisten. La plenitud de la libertad de establecimiento no está garantizada ni hoy en Cataluña ni en muchas Comunidades Autónomas capturadas por los lobbies locales que injustamente pretende proteger al pequeño y mediano comercio utilizando el peor de los mecanismos posibles, además, de injusto: el incremento del precio de los productos. Todavía queda mucho camino por andar para la plena garantía en España de la libertad fundamental de la Unión Europea como es la de la libertad de establecimiento.