Hace pocos días, el periódico The Independent publicaba una noticia que a muchos nos ha sorprendido. A. K. Verma, un ingeniero eléctrico, empleado del Central Public Works Department del Gobierno indio, se ausentó de su trabajo en el año 1990 y transcurridos 25 años, no había retornado. El pasado jueves fue formalmente despedido, por resolución del Ministro de Desarrollo Urbano. Es un ejemplo extremo del descontrol administrativo. No sabemos la frecuencia con la que se producen hechos como éste en la India, aunque se cuenta en la misma noticia otro caso de una profesora, cuya ausencia de su puesto de trabajo “sólo” duró 23 años. Son, como digo, ejemplos de la mala Administración. Entre nosotros no llegamos a estos extremos, pero hay algunos casos de abstencionismo laboral, respaldados en las correspondientes bajas médicas, que son igualmente sorprendentes, como se ha recogido alguna vez en la prensa.
En el fondo, tanto en la India como entre nosotros, y demás lugares, la Administración sufre el mismo problema: una innata y descontrolada fuerza expansiva. La segunda Ley de la termodinámica nos habla de la transformación de la energía hacia la entropía. Igualmente sucede en el ámbito de la organización. Es más fácil crear empleos, órganos y organismos que extinguirlos, o que revisar lo que están haciendo para decidir sobre su continuidad, o la pertinencia de que sean reformados. Más que preocuparse por si Verma estaba trabajando y cumpliendo con sus obligaciones, era más sencillo nombrar a otros para que hicieran las tareas de Verma. Una expansión hacia la entropía, el caos, el descontrol, pero también la ineficiencia y el derroche.
La fuerza expansiva de la organización administrativa forma parte de la del Estado. Micklethwait y Wooldridge lo exponen en su libro “The Fourth Revolution. The Global Race to Reinvent the State”, reseñado por Carlos Rodríguez Braun en estas mismas páginas. La respuesta a todos los problemas siempre ha sido la misma: más Estado. También la de la baja productividad de los servicios públicos. Porque “más”, es siempre más fácil de saciar que “mejor”. “La Ley de bronce de la política moderna no es otra que la permanente evolución del Estado hacia más Estado”. Más y más. Más factible y más oportunidades para dar satisfacción a la clientela, en particular, a la de los partidos.
Cuando leo los resultados que el Gobierno de la Nación ha presentado sobre la reforma administrativa, no dejo de recordar la comentada ley de bronce. Nos anuncian que las medidas implementadas han producido un ahorro de más de 18.000 millones de euros. Una cifra espectacular. No tengo elementos para desconfiar de su corrección. Aunque algunos de los datos que se nos ofrecen en el Informe de Progreso de la Comisión para la Reforma de las Administraciones (CORA) de enero de 2015 alimentan las dudas. Así, se presenta la implantación de la autorización ambiental integrada (pág. 15) como una “medida de reforma y ahorro” cuando está incluida en nuestro ordenamiento jurídico desde el año 2002; o se afirma “la materialización de ciertos resultados sobre la base de la mera aprobación de la Ley como, por ejemplo, la de unidad de mercado” (pág. 14). Y otros tantos. Uno concluye con la incertidumbre de si estamos ante la enésima muestra de la “mentalidad de profesor de Derecho” que cree que basta con aprobar las normas para que, mágicamente, se alcancen todos los objetivos, o ante la propaganda de unos logros, más anunciados que realizados. No cabe duda de que se ha hecho mucho. Muchísimo. Una reforma importante cuantitativa y cualitativamente. Sin embargo, la presión de la exigencia de la racionalización fiscal ha podido alejar el proyecto reformista del que debería de ser su objetivo estratégico: controlar la expansión del universo administrativo, mediante la puesta en pie de un nuevo modelo de Administración. La reforma fiscal debe ser una oportunidad para la metamorfosis estructural de la Administración que haga más fácil y sencilla la revisión permanente y continua de lo que se hace y de cómo se hace, en lugar de facilitar la creación de nuevos puestos, órganos y organismos.
Ahora que se anuncia el fin de la Gran Recesión y que se inicia un nuevo ciclo económico y político, la tentación es muy fuerte. La de expandir el universo del Estado para alimentar a la clientela del partido para, por su efecto multiplicador, sustentar en un círculo social cada vez más amplio las lealtades de voto. Véase qué es lo que ha sucedido en Andalucía con las tramas de los ERE y de los cursos de formación. Clientelismo para sostener un régimen exitoso electoralmente. La reforma no debería alejarse del desiderátum estratégico, porque está en juego la credibilidad de las instituciones. La interrelación positiva entre credibilidad institucional y bienestar está plenamente documentada, así en el estudio de Helliwell, Hunag, Grover y Wang, del año 2014 para la OCDE: “Good Governance and National Well-being: What Are the Linkages?”. Un sistema institucional sin credibilidad proyecta sombras sobre el bienestar colectivo. La reforma de la Administración aportará credibilidad si transciende de la mera reducción del gasto para implementar una nueva Administración, inserta en un proceso continuo de revisión que hace del “mejor con menos” el centro de gravedad. Que huya del “más” clientelar y oneroso. Por cierto, se desconoce si el Sr. Verma cobró durante los 25 años de ausencia. Otra muestra de la entropía administrativa.
(Expansión, 13/01/2015)
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