El Estado de las autonomías como problema

Un repaso a la prensa en el día de hoy nos ofrece, una vez más, un panorama desolador: la organización territorial del Estado es un problema, en particular, para la recuperación económico. El Estado de las Autonomías incrementa las tensiones y los obstáculos que contribuyen negativamente a la gestión de la crisis. Por un lado, la agencia de calificación Standard & Poor's degrada la deuda española hasta acercarla al bono basura (S&P deja el ráting de España al borde del bono basura). Una de las razones alegadas por la agencia es la relativa a las tensiones territoriales: S&P señala que «el aumento del paro y las restricciones del gasto intensificarán probablemente el descontento social y contribuirían a la fricción entre los gobiernos central y regionales».
Por otro lado, la Comisión Europea ha advertido, en un Informe sobre competitividad, que la maraña regulatoria regional lastra la competitividad (Bruselas advierte a España de que la maraña legal autonómica obstaculiza la competitividad de la economía). En el informe se dice textualmente lo siguiente:

"Además de la burocracia pesada, la proliferación de reglamentaciones divergentes procedentes de los niveles regionales y locales de la administración complica aún más el problema y obliga a las empresas a cumplir criterios diferentes para ejercer la misma actividad en distintas regiones o municipios. Hay indicios de que esta fragmentación regional está acompañada por un aumento del acervo reglamentario en el país en términos absolutos, que podría estar dificultando seriamente el crecimiento de la productividad. El Gobierno español ha reconocido este problema en su último Programa Nacional de Reformas presentado a la Comisión en abril de 2012 y tiene la intención de dictar legislación básica para contrarrestar el alto grado de fragmentación reglamentaria del mercado interior español a fin de armonizar y simplificar el marco reglamentario."

Es significativo que esto se diga en un informe que compara la competitividad de los distintos países de la Unión, por lo tanto, también de países con una importante tradición federal como Alemania. Que en este país la organización territorial no sea un problema, con su fuerte organización federal, y si lo sea en España vendría a demostrar, a mi juicio, que el problema no es tanto la descentralización como de la inadecuada forma que hemos dado entre nosotros a la organización territorial de España e, incluso, más que un problema de organización tenemos un problema de funcionamiento de la organización.

A mi juicio, la solución no es, como se ha planteado más en clave política, recuperar competencias o lo que más vulgarmente se denomina re-centralizar. El problema no está en la descentralización o en la organización federal, sino en la defectuosa organización que hemos implantado y, aún más, de su deficiente funcionamiento. Una de las claves que vendría a explicar tales defectos es la falta de lealtad. Cuando esta no existe, todo se complica, todo se hace más defensivo, más costoso, tanto desde la instancia central como en la territorial. Si, a esto, añadimos, la voracidad de la política, expresada trágicamente, a mi juicio, con la denominada cláusula Camps, estamos condenados a que el Estado de las Autonomías no funcione. El problema de la organización territorial del Estado no es, esencialmente, un problema estructural sino funcional asociado a la falta de lealtad y a la voracidad de la política.