Gracias. Muchas gracias. Se lo dice un universitario con 30 años de docencia. Por fin, los españoles han tomado conciencia de lo que sucede tras las puertas de la Universidad. Durante años, la Universidad no ha sido ni entendida, ni atendida. Es cosa de profesores y poco más; imposible de comprender; fuente de problemas.
Los ciudadanos han caído del guindo: la “casa del saber” también puede ser la de la impunidad. Inicialmente, cuando estalló el escándalo, muchos pensamos que todos los problemas se centraban en el Trabajo de Fin de Master (TFM); que no cumplía los requisitos mínimos y que se pretendía ocultar. Ahora comenzamos a tener la certeza de que no hubo TFM, ni acto de defensa, ni acta. Ésta, incluso, se “reconstruyó” con posterioridad, llegándose a lo inconcebible de falsificar las firmas, según se nos dice.
Nunca me pude imaginar (y tampoco algunos otros universitarios con los que he hablado) que se pudiera llegar tan lejos; tan estúpidamente lejos. Ahora bien, ¿por qué tanto escándalo? En la “casa del saber” también hay ilegalidades, incluso delictivas, y corrupción.
No hay sorpresa. Incluso, está “normalizada” y legalizada (“promoción interna”) la muestra más quintaesencial de la corrupción: la endogamia; la que garantiza, sí, garantiza, al vecino de la ciudad en la que la Universidad tiene su sede, el “derecho” a ser catedrático en la misma sin necesidad de visitar, ni con fines turísticos, ninguna otra, sólo enviando papeles y sin competir con nadie (que se atreva). Y para asegurar el éxito, se constituyen tribunales a la medida del vecino en el que el único criterio es que se sea amigo del candidato. Es muy frecuente referirse a la plaza utilizando el pronombre posesivo; porque lo es; es la del “candidato local”.
Por fin, todo el mundo ha tomado conciencia. Aunque lo que más ha molestado a algunos no es la corrupción y el engaño, sino lo fácil que lo tienen algunos para conseguir lo que a otros les ha costado dinero y esfuerzo. La solución: socializar la vía Cifuentes para obtener los títulos oficiales: “un Cifuentes para todo el mundo”; “que nadie se quede sin un Cifuentes”.
Nos podemos interrogar, ¿por qué es posible? Y, sobre todo ¿cómo es posible? Según el rector de la Universidad Rey Juan Carlos, se ha concedido un título oficial sin que en el expediente conste el acta de la defensa del TFM ante un tribunal, ni tampoco una copia del TFM. Esto, como mínima irregularidad; probablemente, delictiva. ¿Es posible? Sí, lo es. ¿Por qué?
Todas las miradas se vuelven hacia la autonomía universitaria. Una de las más grandes originalidades de nuestro sistema constitucional es que la “autonomía universitaria” no es una “garantía institucional”, o sea, la garantía que la Constitución dispensa a una institución como la Universidad, sino un “derecho fundamental”.
Sí, según el Tribunal Constitucional, es un derecho fundamental, el de la autonomía universitaria. Esto, podría pensarse, que es la base para reconocer a los profesores un ámbito de libertad (como debería ser) pero se ha convertido en sostén de impunidad (lo que no debería ser).
La gran paradoja es que nuestras Universidades, disfrutando de la autonomía universitaria como derecho fundamental, son de las menos autónomas de todas la Unión Europea. Todas las decisiones importantes que les afectan (gobernanza, enseñanzas, profesorado, alumnado, precio, …) son predeterminadas normativamente, incluso, intensamente, por el Estado y las Comunidades Autónomas.
Y, sin embargo, a pesar de tanta regulación, la autonomía se ha convertido en un valladar desde el que se protege la endogamia y el corporativismo universitario. Esto es posible porque en España sufrimos de un problema gravísimo, no sólo en el ámbito universitario sino también en otros: el normativismo feroz.
En España, los políticos han hecho creer que los problemas se solucionan aprobando una norma. Sin embargo, el problema comienza con esta aprobación. Porque es imprescindible velar por su cumplimento. La conveniencia, la falta de voluntad y la ausencia de medios, entre otros, hacen que sea secundario o inexistente el interés por velar por el cumplimiento de las normas.
Todo se resume en remitirlo a los Tribunales. Éstos se convierten en el garante del cumplimiento de las normas, cuando deberían ser el garante en última instancia. Antes de que se “judicialice” un asunto, deberían haber operado otros mecanismos de control. Sólo así se evita la impunidad y, además, se reserva el castigo judicial a los casos más graves.
En relación con los mecanismos de control, los déficits son notables. En el ámbito interno, no hay ningún órgano independiente que controle el cumplimiento de las normas para evitar casos como el del rector plagiario; el plagio es el pecado más grave e imperdonable que un académico puede cometer. Los Consejos sociales no funcionan como corresponde. No se les ha oído formular ningún reproche ante tanta ilegalidad.
Y, en el ámbito externo, la inédita “alta inspección educativa” del Estado. Es increíble que casi cuarenta años después, siga inexistente. Y bien que les interesa a los políticos que así continúe. Todos se atrincheran tras la autonomía y se olvidan de la alta inspección para renunciar a actuar. No se ha pasado de la proclamación contenida en la Disposición adicional tercera de la Ley orgánica 6/2001, de Universidades: “corresponde al Estado la alta inspección y demás facultades que … le competen para garantizar el cumplimiento de sus atribuciones en materia de enseñanza universitaria.” La misma Ley que garantiza la autonomía universitaria, reconoce la importante competencia del Estado.
No hay incompatibilidad. Al contrario, cuanta mayor sea la autonomía, mayor rendición de cuentas, no teórica, sino efectiva. Mucho nos queda por hacer.
Tenemos que liberarnos del nefasto pecado del normativismo positivista. Los problemas no se solucionan aprobando normas. Se solucionan, cumpliéndolas, para lo que el control es imprescindible.
El caso Cifuentes, una vez más, nos ha permitido tomar conciencia de que en la “casa del saber” hay corrupción porque hay impunidad. Y hay impunidad porque no hay interés en controlar el cumplimiento de las normas. Como diría Rajoy, “es algo de los Tribunales”.
(Expansión, 10 de abril de 2018)
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| Fuente: Wikipedia |
Los ciudadanos han caído del guindo: la “casa del saber” también puede ser la de la impunidad. Inicialmente, cuando estalló el escándalo, muchos pensamos que todos los problemas se centraban en el Trabajo de Fin de Master (TFM); que no cumplía los requisitos mínimos y que se pretendía ocultar. Ahora comenzamos a tener la certeza de que no hubo TFM, ni acto de defensa, ni acta. Ésta, incluso, se “reconstruyó” con posterioridad, llegándose a lo inconcebible de falsificar las firmas, según se nos dice.
Nunca me pude imaginar (y tampoco algunos otros universitarios con los que he hablado) que se pudiera llegar tan lejos; tan estúpidamente lejos. Ahora bien, ¿por qué tanto escándalo? En la “casa del saber” también hay ilegalidades, incluso delictivas, y corrupción.
No hay sorpresa. Incluso, está “normalizada” y legalizada (“promoción interna”) la muestra más quintaesencial de la corrupción: la endogamia; la que garantiza, sí, garantiza, al vecino de la ciudad en la que la Universidad tiene su sede, el “derecho” a ser catedrático en la misma sin necesidad de visitar, ni con fines turísticos, ninguna otra, sólo enviando papeles y sin competir con nadie (que se atreva). Y para asegurar el éxito, se constituyen tribunales a la medida del vecino en el que el único criterio es que se sea amigo del candidato. Es muy frecuente referirse a la plaza utilizando el pronombre posesivo; porque lo es; es la del “candidato local”.
Por fin, todo el mundo ha tomado conciencia. Aunque lo que más ha molestado a algunos no es la corrupción y el engaño, sino lo fácil que lo tienen algunos para conseguir lo que a otros les ha costado dinero y esfuerzo. La solución: socializar la vía Cifuentes para obtener los títulos oficiales: “un Cifuentes para todo el mundo”; “que nadie se quede sin un Cifuentes”.
Nos podemos interrogar, ¿por qué es posible? Y, sobre todo ¿cómo es posible? Según el rector de la Universidad Rey Juan Carlos, se ha concedido un título oficial sin que en el expediente conste el acta de la defensa del TFM ante un tribunal, ni tampoco una copia del TFM. Esto, como mínima irregularidad; probablemente, delictiva. ¿Es posible? Sí, lo es. ¿Por qué?
Todas las miradas se vuelven hacia la autonomía universitaria. Una de las más grandes originalidades de nuestro sistema constitucional es que la “autonomía universitaria” no es una “garantía institucional”, o sea, la garantía que la Constitución dispensa a una institución como la Universidad, sino un “derecho fundamental”.
Sí, según el Tribunal Constitucional, es un derecho fundamental, el de la autonomía universitaria. Esto, podría pensarse, que es la base para reconocer a los profesores un ámbito de libertad (como debería ser) pero se ha convertido en sostén de impunidad (lo que no debería ser).
La gran paradoja es que nuestras Universidades, disfrutando de la autonomía universitaria como derecho fundamental, son de las menos autónomas de todas la Unión Europea. Todas las decisiones importantes que les afectan (gobernanza, enseñanzas, profesorado, alumnado, precio, …) son predeterminadas normativamente, incluso, intensamente, por el Estado y las Comunidades Autónomas.
Y, sin embargo, a pesar de tanta regulación, la autonomía se ha convertido en un valladar desde el que se protege la endogamia y el corporativismo universitario. Esto es posible porque en España sufrimos de un problema gravísimo, no sólo en el ámbito universitario sino también en otros: el normativismo feroz.
En España, los políticos han hecho creer que los problemas se solucionan aprobando una norma. Sin embargo, el problema comienza con esta aprobación. Porque es imprescindible velar por su cumplimento. La conveniencia, la falta de voluntad y la ausencia de medios, entre otros, hacen que sea secundario o inexistente el interés por velar por el cumplimiento de las normas.
Todo se resume en remitirlo a los Tribunales. Éstos se convierten en el garante del cumplimiento de las normas, cuando deberían ser el garante en última instancia. Antes de que se “judicialice” un asunto, deberían haber operado otros mecanismos de control. Sólo así se evita la impunidad y, además, se reserva el castigo judicial a los casos más graves.
En relación con los mecanismos de control, los déficits son notables. En el ámbito interno, no hay ningún órgano independiente que controle el cumplimiento de las normas para evitar casos como el del rector plagiario; el plagio es el pecado más grave e imperdonable que un académico puede cometer. Los Consejos sociales no funcionan como corresponde. No se les ha oído formular ningún reproche ante tanta ilegalidad.
Y, en el ámbito externo, la inédita “alta inspección educativa” del Estado. Es increíble que casi cuarenta años después, siga inexistente. Y bien que les interesa a los políticos que así continúe. Todos se atrincheran tras la autonomía y se olvidan de la alta inspección para renunciar a actuar. No se ha pasado de la proclamación contenida en la Disposición adicional tercera de la Ley orgánica 6/2001, de Universidades: “corresponde al Estado la alta inspección y demás facultades que … le competen para garantizar el cumplimiento de sus atribuciones en materia de enseñanza universitaria.” La misma Ley que garantiza la autonomía universitaria, reconoce la importante competencia del Estado.
No hay incompatibilidad. Al contrario, cuanta mayor sea la autonomía, mayor rendición de cuentas, no teórica, sino efectiva. Mucho nos queda por hacer.
Tenemos que liberarnos del nefasto pecado del normativismo positivista. Los problemas no se solucionan aprobando normas. Se solucionan, cumpliéndolas, para lo que el control es imprescindible.
El caso Cifuentes, una vez más, nos ha permitido tomar conciencia de que en la “casa del saber” hay corrupción porque hay impunidad. Y hay impunidad porque no hay interés en controlar el cumplimiento de las normas. Como diría Rajoy, “es algo de los Tribunales”.
(Expansión, 10 de abril de 2018)
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