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Lengua y democracia

Johann Gottlieb Fichte (1762-1814), en su famoso Discursos a la nación alemana (1808), afirmaba que “damos el nombre de pueblo a los hombres cuyos órganos de lenguaje se hallan bajo la influencia de las mismas condiciones externas, que viven juntos y desarrollan un idioma en continua comunicación recíproca”.


Fuente: Wikipedia

La lengua es la clave de la nación. Es la que sirve para marcar las fronteras interiores y las exteriores:
“las fronteras principales, originarias y verdaderamente nacionales de un Estado son sin duda las fronteras interiores. Quienes hablan la misma lengua se encuentran unidos recíprocamente por una multitud de lazos invisibles por la misma naturaleza mucho antes de que comience artificio humano alguno; se comprenden mutuamente y pueden hacerse comprender a sí mismos cada vez más claramente; están bien juntos y forman por naturaleza un todo único e inseparable”. 
 A partir de la lengua, se han de construir las “fronteras exteriores”. La lengua identifica a un pueblo, tanto como delimita las fronteras del Estado de ese pueblo. La lengua es pueblo, nación y Estado.

Es la expresión más depurada del “perennialismo”, según el cual, la nación y, en consecuencia, la ideología que le sirve de sostén, el nacionalismo, siempre ha existido y siempre existirá.

Así lo ha entendido el nacionalismo catalán. Ha acogido, con entusiasmo, que la nación catalana es eterna. Sólo hay que seguir el rastro de la lengua; delimita, como Fichte sostuvo, las fronteras interiores y las exteriores. Donde hay una lengua, debe haber un Estado.

En el plano jurídico se habla de la normalización lingüística. Fue utilizada originariamente en la Ley 7/1983, de normalización lingüística en Catalunya. Posteriormente sería substituida por la vigente Ley 1/1998, de Política Lingüística. Su Exposición de motivos no puede ser más clara:
“La lengua catalana es un elemento fundamental de la formación y la personalidad nacional de Cataluña, un instrumento básico de comunicación, integración y cohesión social de los ciudadanos y ciudadanas, con independencia de su origen geográfico, y el vínculo privilegiado de Cataluña con las demás tierras de habla catalana, con las que forma una comunidad lingüística que ha aportado a lo largo de los siglos, con voz original, una valiosa contribución a la cultura universal. Además, ha sido el testimonio de fidelidad del pueblo catalán hacia su tierra y su cultura específica”.
Podemos volver a oír a Fichte. En este contexto de “normalización”, la educación es clave. La reducción del Castellano a un estatus equivalente al de lengua extranjera. Y la defensa, a ultranza, del Catalán como única lengua vehicular.

Se suele confundir, alentado por los nacionalistas, entre lengua como asignatura y lengua de docencia. El Castellano es lengua de una asignatura (lengua y literatura castellanas), al mismo tiempo que ha sido excluido como idioma de impartición de la docencia. El grado de manejo y de conocimiento que se requiere en uno y otro caso no son equivalentes.

El fundamento: el Estatut distingue entre lengua propia, la única, el Catalán, y el Castellano que es sólo la oficial (junto, también, con el Catalán). En la escuela, la lengua de la enseñanza “sólo” puede ser la propia; porque el papel de la escuela es "fer país" (Pujol).

El relato judicial de la batalla de los padres para conseguir que el Castellano sea, también, junto con el Catalán, lengua vehicular, es el relato de la desidia del Estado español para proteger los derechos de los españoles.

Debieron esperar hasta el año 2010, sí, 2010, para que el Tribunal Supremo, por Sentencia de 9 de diciembre, les reconociera ese derecho. A partir de aquí, un nuevo calvario: conseguir que lo decidido por el Tribunal se convierta en realidad (ejecución de sentencia).

La Generalitat lo ha recurrido todo y tantas veces como las leyes lo han permitido. Tras mucho batallar, los padres consiguieron que, en el año 2014, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, les reconociera que, al menos, el 25 % de las horas de clases se impartiesen en Castellano. Es un misterio.

No hay ninguna explicación de porqué el Castellano deber ser la lengua vehicular en un 25 % y no en un 30, 40 o 50 %.

Otra nueva batalla: ¿cómo se imparte ese 25 %? La Generalitat lo ha vuelto a recurrir todo y tantas veces como sea menester.

Y, mientras tanto, los padres sufriendo el calvario de pedirlo ante la Generalitat, ante el Tribunal Superior de Justicia y luego ante el Tribunal Supremo. Meses y años que se van sumando. Al mismo tiempo que soportan una presión que llega, incluso, al escrache a los padres y a los hijos.

El tiempo juega a favor de los nacionalistas: los niños se convierten en jóvenes que abandonan el colegio. Cuando esto sucede, la ejecución deviene imposible. Así una y otra vez.

Ningún tribunal se ha atrevido, a pesar del escandaloso incumplimiento de las reglas básicas del Estado democrático de Derecho, a formalizar el testimonio de particulares para elevar el tanto de culpa ante la jurisdicción penal contra directores de colegios y cargos de educación de la Generalitat, por la dolosa inejecución de las resoluciones judiciales.

La lengua es un medio de comunicación convertido en arma política: es la pieza esencial de la articulación nacional.

Fichte sentó la base para la creación de la nación alemana: la lengua; el criterio de la erección de las fronteras interiores y exteriores; el de la delimitación de un pueblo respecto de otros.

La ingenuidad con la que los Gobiernos de Madrid se han dejado engañar durante años, ha permitido la pacífica realización del proyecto del pujolismo de construcción nacional en el que la escuela era y es esencial.

Ahora nos viene con la sobrerreacción cuando han estado mirando hacia otro lado. La revolución de las pequeñas grandes cosas “sólo” exige que se cumplan las sentencias judiciales. “Sólo”. Que se respete el Estado democrático de Derecho; también, sí, también, en cuanto a las lenguas.

(Expansión, 20 de febrero de 2018)

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